Tenemos el deber de comportarnos
fraternalmente con los otros.
MANIFIESTO PARA LA REFORMA DEL
ART. 53 C) QUE SANCIONA A QUIENES AYUDEN SOLIDARIAMENTE A LAS PERSONAS EXTRANJERAS
EN SITUACIÓN IRREGULAR.
"SALVEMOS LA
HOSPITALIDAD"
Uno de los deberes presente en
todas las culturas, y en algunas, señal de su identidad, es el de la
"hospitalidad". Este deber ético, traducido incluso en forma de
sanción cuando su omisión provoca riesgos para la integridad física del otro,
está gravemente amenazado en España si prospera la anunciada reforma de la
legislación de extranjería.
A la tendencia criminalizadora de
la inmigración ilegal (considerar a la persona que quiere sobrevivir
desplazándose por el planeta como un peligroso delincuente), se une ahora la de
aplicar un marco sancionador a las personas que de manera solidaria ejercen el
deber de la hospitalidad, colocando su comportamiento altruista como forma
proscrita de"promoción de la permanencia ilegal en España". Ello pone
en automática situación de ilicitud a miles de personas que acompañan, hospedan
en sus casas y apoyan a personas sin papeles. De este modo, ONG, Congregaciones
religiosas y ciudadanos, que vienen ejerciendo el deber de acogida y la
solidaridad para con las personas inmigrantes en situación de irregularidad
administrativa, verían perseguida su actuación. Más aún: la reforma pretende
ampararse en el silencio cómplice de los ciudadanos ante estos atropellos
contra la dignidad humana y los derechos fundamentales.
En concreto, el art. 53 c) del
Anteproyecto de modificación de la Ley de Extranjería sanciona como falta muy
grave con la multa de 501 a 30.000 euros "a quien promueva la permanencia
irregular en España de un extranjero. Se considera que se promueve la
permanencia irregular cuando el extranjero dependa económicamente del infractor
y se prolongue la estancia autorizada más allá del plazo legalmente
previsto".
Con el pretexto de proteger a los
extranjeros sin papeles frente al abuso y las mafias, se incrementa
exponencialmente su vulnerabilidad y se les priva de toda suerte de apoyo
social solidario. Esta reforma legal tiene una enorme trascendencia
ético-política: crea una norma que convierte en ilegal un principio-valor tan
estructuralmente necesario en un Estado como es la solidaridad.
El objetivo de esta norma es
intimidar a los ciudadanos españoles o extranjeros con papeles para que nieguen
toda forma de apoyo a la persona en situación irregular y ésta se quede sin
ningún tipo de ayuda, es decir, en la calle, sin comida, ni vestido, ni dinero,
para que mediante la presión de esta situación de precariedad absoluta, vuelva
a su país. Se olvida que "toda persona tiene derecho a salir de cualquier
país, incluso del propio" (art. 13 Declaración Universal del Derechos
Humanos) y que "en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar
asilo y disfrutar de él, en cualquier país" (art. 14 DUDH).
Ante esta situación, exponemos:
1.- Que hemos constatado, después
de tantos años acogiendo y acompañando itinerarios vitales de personas en
situación de extrema vulnerabilidad personal y social, el valor de la
solidaridad y la convivencia en nuestros domicilios como forma concreta de
expresión de corresponsabilidad humana y social con aquellos que no tienen los
mínimos de supervivencia –casa, pan y trabajo-.
2.- Que una parte significativa
de la responsabilidad de la miseria en que se hallan los pueblos de origen de
quienes tiene que migrar a España está provocada por procesos históricos y
políticas económicas y colonizadoras (y descolonizadoras) de los Estados del
denominado Primer Mundo, que mantiene intereses en el sostenimiento de
regímenes no transparentes ni democráticos en el Tercero (incluida, por cierto,
la venta de armas y el tráfico de personas).
3.- Que el principio de
solidaridad para con los más desheredados del mundo es un elemento ético de
legitimación en una sociedad que se denomina democrática, que considera que los
bienes de la tierra tienen un destino universal y que ni la propiedad ni las
fronteras pueden tener un valor absoluto ante la miseria del prójimo y su
derecho a sobrevivir.
4.- Que el Estado español pierde
toda legitimidad ético-jurídica cuando legisla contra el contenido esencial de
los Derechos Humanos, despoja de todo tipo de ayuda material a las personas en
situación irregular y pretende intimidar con graves sanciones a quienes ejerzan
la hospitalidad y el cuidado del otro.
Ante ello, con independencia de
otras numerosas discrepancias, proponemos al Gobierno, en este punto concreto,
como auténtico mínimo ético, que modifique el Anteproyecto en el sentido de
incorporar al texto normativo la necesidad de "ánimo de lucro"en el
infractor para que pueda ser sancionable.
Una ley ignominiosa que castiga el altruismo
Firma la petición en Change.org
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